Así lo establece el D.S N°094-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el pasado sábado 23 del presente, el mismo que establece medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19, hasta el próximo 30 de junio.
El indicado dispositivo legal, según su texto “…tiene como objeto establecer las medidas que nos permitan como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales”.
La convivencia social
Desde los albores de la humanidad, los seres humanos, por su esencia social, han buscado siempre agruparse con fines de sobrevivencia, haciendo frente a los elementos y fuerzas hostiles de la naturaleza, así como a los enemigos comunes de su propia especie; generándose situaciones de dominación y dependencia, al interior de la sociedad, así como entre los propios Estados, desencadenándose conflictos que han abarcado hasta el ámbito mundial.
Es así que, desde inicios de su existencia en las cavernas, las hordas, clanes, tribus y sociedades, han ido construyendo identidades culturales, formas de organización social propia, estableciéndose instituciones sociales, jurídicas, económicas políticas, así como expresiones afectivas propias: personales, familiares y amicales, a lo largo de su evolución histórica.
El orden social
En la perspectiva del desarrollo histórico-social, la sociedad para su continuidad, ha requerido de condiciones inherentes y necesarias de convivencia social, para la preservación de la especie. En este contexto, se reconoce que la sociedad, requiere, de un orden social, basado un sistema jurídico y político, observación de normas jurídicas, morales y éticas, y hasta de propias reglas de carácter consuetudinario. Todo ello, a fin de garantizar la autorrealización de sus miembros o ciudadanos y de la sociedad en su conjunto, orientado hacia la consecución del bienestar general, en el marco del respeto de los valores universales y la convivencia pacífica, al menos eso se propugna en las normas constitucionales y supuestos sistemas jurídicos, que colisionan frontalmente con la propia realidad en la que vivimos.
El Perú emergente
La pandemia del Coronavirus, que nos tiene en aislamiento social y con medidas restrictivas, desde mediados de marzo y que se prolongará, según decisión del gobierno, hasta fines de junio; nos viene mostrando aspectos sumamente delicados de lo que ha venido siendo nuestro desarrollo histórico, desde la independencia en 1821. Un Estado, con un poder político no consolidado; es decir con una fuerte inestabilidad política a lo largo de casi dos siglos de vida independiente, marcada por caudillismos, golpes de Estado, dictaduras militares y civiles. Todo ello ha imposibilitado se logre la consolidación de los partidos políticos, con débiles gobiernos de turno; que se han reflejado en las últimas décadas en constantes enfrentamientos de los poderes del Estado básicamente del Ejecutivo con el Legislativo; avivado asimismo por los grandes escándalos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno y cuyas consecuencias se evidencian en esta crítica coyuntura de impacto negativo de la COVID19 en la salud pública y la crisis económica generada por la paralización de las principales actividades económicas en todo el territorio nacional.
La difícil situación socioeconómica presente
Es evidente, que en la actualidad, especialmente en los países denominados emergentes o en vías de desarrollo, se experimentan fuertes problemas de carácter social, como inestabilidad política, explosivo crecimiento demográfico, déficit alarmante de provisión de servicios básicos, exclusión y marginación social, violencia e inseguridad ciudadana, altas tasas de mortalidad y morbilidad, analfabetismo, así como fuerte impactos medioambientales, entre otros aspectos de desequilibrio social, que están impactando significativamente en desbordantes conductas y comportamientos masivos de colisionan frontalmente con el orden social.
La actual situación de crisis sanitaria y económica, ha puesto al desnudo, de manera contundente, la debilidad de nuestros “sistemas” básicamente de salud, educación; así como de los aspectos endebles de una estructura económica basada principalmente en el sector primario, con un soporte insuficiente de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria y demás infraestructura y equipamiento de apoyo y impulso para la economía. Situación crítica cuando se comprueba que la mayoría de las actividades empresariales en el país se realizan bajo la modalidad de micro y pequeñas empresas, y un significativo sector de la población económicamente activa PEA, está en la informalidad, subempleada o viven del día a día, experimentándose altos índices de pobreza y extrema pobreza.
Una muy difícil situación que debemos afrontar, básicamente al corto y mediano plazos, será la de afrontar la debilidad institucional, las reformas en los diversos campos que corresponden impulsar al Estado y fundamentalmente a las obligadas nuevas formas o prácticas de convivencia y conducta social, en tanto, sabido es que, de ninguna manera, retornaremos a lo que fue la “normalidad”, antes del 15 de marzo.
- Hugo REYNA GOICOCHEA
