La escalada de violencia
La escalada de violencia que vivimos en las últimas semanas, a consecuencias del desborde social, causado por las crisis que estamos experimentando en las dimensiones: sanitaria, económica, social y política en nuestro país, cuyo desenlace se produjo el pasado 7 de diciembre con la intentona fallida de un golpe de Estado, vacancia presidencial y negativa de sectores dominantes del Congreso de la República, ante el clamor popular, de adelanto de elecciones generales, nos encuentra sumidos en una inestabilidad política sin precedentes en la historia patria. Esta se refleja en nuestro país, en el hecho de que, en lo que va del presente siglo, hayamos tenido vacancias presidenciales y cierre del Congreso y que, en los últimos cuatro años, se hayan sucedido seis presidentes, fragmentándose los períodos de gobierno; así como por una permanente pugna entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, que ha dado lugar a un desborde social, con una secuela lamentable de más de una veintena de muertos y cientos de heridos, civiles y policías.
El estallido social, de protestas y descontento popular, también ha llevado a actos vandálicos sumamente criticables, de atentados contra la propiedad pública y privada, la toma de carreteras y aeropuertos, así como la destrucción e incendio de locales públicos, en diversas zonas del territorio patrio por parte de infiltrados extremistas. Por el lado de las fuerzas públicas, en determinados casos el uso de mecanismos extremos; que ha determinado un rechazado contundente de sectores sociales afectados; en un crítica situación de violencia social que, a no dudarlo, afecta al conjunto de la sociedad peruana.
La convivencia social
Desde los albores de la humanidad, los seres humanos, por esencia gregarios, se han agrupado con fines de sobrevivencia y defensa propia, frente a las fuerzas hostiles de la naturaleza, como asimismo, ante a agresores de su propia especie, en una lucha constante por la preservación de la especie. Al respecto, se afirma que “la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana” (CEC n.1886).
Es así, que desde inicios de su existencia en las cavernas, hordas, clanes, tribus y sociedades, han ido delineándose identidades culturales, organización propia, estableciéndose instituciones sociales, jurídicas, económicas, políticas, entre otros aspectos y mecanismos de cohesión social, que han ido cambiando y consolidándose, como una necesidad natural social. Su expresión más importante ha sido, indudablemente la aparición del Estado, con diversos matices y características, a lo largo de la evolución histórica de la sociedad.
No obstante, desde la aparición del Estado, se han originado procesos de pugna del poder por parte de las clases dominantes; generándose asimismo, regímenes con formalidades democráticas y también casos de violentas dictaduras, según sean las naciones y países del orbe en la que coexisten sistemas democráticos y totalitarios.
El orden social
En este importante contexto, en términos de una sencilla reflexión, debemos reconocer que no podemos, ni podríamos vivir sin leyes, sin mecanismos de observación de normas morales y éticas, jurídicas y hasta la observancia de simples aspectos consuetudinarios, que han hecho y hacen posible la convivencia humana.
Las normas legales, emitidas por el respectivo poder legislativo en un Estado, en el marco de preceptos constitucionales, así como las normas de conducta social y de la observancia de valores morales y éticos, permiten el establecimiento de un “orden social” que, asimismo, facilita la autorrealización social, como una manera de vivir dignamente al interior de las sociedades.
Al respecto, es importante conceptualizar que el orden social, generado a través del establecimiento de relaciones políticas de condicionamiento y observancia; es decir de la generación de un poder político, en nombre de la sociedad en su conjunto, tiene por finalidad social: la convivencia armónica entre los seres humanos que la conforman.
Es importante reconocer, que la estabilidad social desarrolla una dinámica especial, con características propias, según sean las culturas y sociedades. Este orden social, está expuesto al impacto de fuerzas sociales que tratan de darle estabilidad y de otras que pugnan por alterarlo, como son los movimientos subversivos terroristas, a las que no estamos ajenos en nuestro país.
El caos social
No es mi intención abordar la “Teoría del Caos Social”, de por sí, estudio complejo que corresponde a campos especializados de la Sociología, Antropología y Sicología Social entre otras ciencias; sino de puntualizar aquellos aspectos de conductas y comportamientos masivos de significativos sectores sociales, que tanto en el ámbito mundial, nacional y regional, vienen produciéndose, cada vez, con mayores rasgos de informalidad, violencia y agresividad que atentan, cada vez más, contra el orden establecido; así como la ausencia de la práctica de valores y solidaridad que nos conducen a acciones cada vez más individualistas, de segregación y discriminación social, aun imperantes en amplios sectores de la sociedad, tal como la nuestra.
Autoridad formal
En este contexto, si efectuamos una rápida mirada a nuestro país, región y localidad, podemos darnos cuenta, de la frecuencia, cada día mayor, de la acción de las autoridades y funcionarios públicos que deben gestionar los presupuestos en la prestación de bienes, servicios, obras y proyectos que la sociedad demanda, que sus acciones están muy lejos del beneficio social. Presidentes, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos, miembros del poder Judicial, Ministerio Público y aún de las fuerzas Armadas y Policiales, comprometidos en actos de corrupción inducidos por los intereses de empresarios nacionales e internacionales. Casos que, a lo largo de la historia republicana, se han venido produciendo de manera soterrada, muchos de ellos, puestos de conocimiento público recién, a través de investigaciones periodísticas, que han destapado escandalosos casos de corrupción, ampliamente conocidos y que parecieran ya no escandalizar a nadie.
El principio de autoridad inexistente
Es sumamente importante reconocer que en la sociedad debe prevalecer el principio de autoridad, como condición para garantizar el orden en la vida social, para forjar y consolidar el bien común; situación, que a mi modo de ver, está muy alejada de la realidad en estos momentos.
En este torbellino social, en el que estamos sumidos, la población percibe la ausencia de del principio de autoridad, pese a su presencia formal, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional; así como en el nivel regional y municipalidad cuyas gestiones no muestran interés en los social, que también contribuyen al caos social.
Cuando la autoridad formal, no tiene este horizonte, es porque es presa fácil, de la corrupción, del mal manejo de los recursos públicos, desarrollando una gestión, no en provecho colectivo, sino con fines personales y de grupo, y que lastimosamente en nuestro país, por su alta frecuencia, se percibe ya como algo natural. ¡Qué robe, pero que haga algo!, es consuelo de un gran sector poblacional.
A manera de conclusión
La asonada de violencia que, pone en tela de juicio, en nuestro caso, la utopía del orden social, convierte a esta en una quimera o sueño de fantasía, por la violencia fratricida imperante en nuestra sociedad, a la que nos vienen conduciendo nuestros gobernantes.
Demagogia y engaño, son los caminos sutiles de acceder al poder formal, al manejo burocrático y al hacer y deshacer en las gestiones públicas, en nombre de la manoseada democracia. San Agustín decía: “Cuando las autoridades no sirven a la justicia, es decir al bien de todos, se convierten en una banda de ladrones”.
- Hugo REYNA GOICOCHEA
