La inestabilidad política
Esta crisis e inestabilidad política que se vive en el país, viene siendo arrastrada, desde muchas décadas atrás, ante la ausencia de una clase política, capaz de constituir una verdadera garantía de consolidación democrática nacional, en tanto la existencia de aspiraciones e interés económicos muy antagónicos, que prevalecen sobre los sentidos anhelos e intereses de las grandes mayorías. Recordemos que, desde la fundación formal de la República en 1821, hemos tenido una serie de vaivenes y gobiernos de facto y dictatoriales a través de golpes militares y caudillos civiles, apuntalados por el respaldo de las fuerzas armadas. El último gobierno, producto de un golpe militar fue el de Velasco Alvarado, culminado por Morales Bermúdez entre 1968-1980 y, luego el gobierno dictatorial, disfrazado de democrático, de Alberto Fujimori, a partir de 1990 al 2000.
El estigma de la corrupción
Y es que, en lo que va de la vida republicana, en los 199 años, luego de la independencia, los gobernantes de turno, siempre han estado marcados por el estigma del abuso del poder y la corrupción en el manejo de los recursos del Estado, no solo en el caso del nivel central, sino también, en las últimas décadas en los gobiernos subnacionales. Prueba de ello, las detenciones y encarcelamiento de presidentes nacionales, regionales y de alcaldes provinciales y distritales y un número significativo de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y policiales, así como integrantes del poder judicial y fiscalía. Es decir, el baño de la corrupción ha venido empapando a toda clase de personajes, incluidos también deportistas y miembros de la farándula, en todo el país.
La lucha de poderes
La ausencia de partidos políticos y organizaciones estables y consolidadas para lograr una estabilidad política y una sucesión democrática, como lo hay en otros países de nuestra propia región; ha propiciado la aparición del aventurerismo politiquero, de supuesto líderes, sin trayectoria de compromiso social, no obstante, promocionados y auspiciados por los sectores del poder económico, que en las últimos períodos de gobierno, han mostrado una lucha encarnizada entre el poder legislativo y el ejecutivo; así como en sus repercusiones en mantener la sumisión de instituciones como el poder judicial, fiscalía, fuerza armadas y policiales, y también por la captura de los organismos públicos constitucionales.
El pago con la misma moneda
Muestra de esta exacerbación de lucha de poderes fue la disolución del Congreso en setiembre de 2019 por el gobierno del hoy defenestrado ex presidente Martín Vizcarra y la convocatoria a elecciones para un nuevo parlamento; el mismo, que en este vaivén de intereses políticos, luego de un par de meses, en que -en una primera oportunidad- se respaldó su continuidad, el pasado 9 de este mes, mas por cálculos políticos que por la objetividad comprobada de hechos de corrupción de Vizcarra, cuyas acusaciones están en curso, se le bajo “el dedo”, a nombre de una supuesta moralidad y lucha frontal contra la corrupción, en un Congreso, en el que 68 de sus miembros, también se encuentran en investigación por parte del Ministerio Público, muchos de ellos, con serios problemas por supuestos actos de corrupción.
Un verdadero clima de incertidumbre
Lo sucedido el pasado 9 de noviembre, no es sino, la muestra de una lucha irracional de poder, en la antesala de un proceso electoral, en el marco de una situación sumamente delicada de crisis sanitaria y económica, producto de los estragos de la pandemia del Coronavirus, que viene impactando en el descenso significativo de los niveles de vida de las grandes mayorías en nuestro país, que poco o nada pareciera importarles a los ineptos políticos que se rasgan las vestiduras por una supuesta lucha frontal contra la corrupción, flagelo que pareciera ya forma parte del ADN de la “clase política nacional”.
La movilización social
Unos de acuerdo, otros no, lo cierto es que, este quiebre en la continuidad democrática, le viene haciendo mucho daño a nuestro país, nos muestra al mundo como una sociedad caótica, sin intereses comunes, sin un horizonte hacia el bienestar social, en la que la corrupción se ha impregnado en todas las esferas de la vida social, económica y política, y la captura del gobierno para satisfacer los intereses de grupo, al margen de las grandes aspiraciones de la sociedad en su conjunto.
La situación de inestabilidad política e ilegitimidad del actual gobierno y de un presidente respaldado por 105 votos, es sumamente evidente, por ello las protestas y movilizaciones en la capital y departamentos continúan, en muchos casos pacíficas, pero también en otros con excesos, atentándose contra la propiedad pública y privada y produciéndose un clima de tensión social, que repercute directamente en la inseguridad y malestar de la ciudadanía.
Sin legitimidad social
Las fichas comenzaron nuevamente al acomodo y la repartija de los entes ministeriales y otras entidades del ejecutivo nuevamente en la oferta. Viejos y reciclados “personajes” profesionales en la política, salen nuevamente a la palestra, en tanto, continúan los cálculos, luego de este golpe a la democracia, con miras a la toma del poder el próximo 2021.
El costo de la presente coyuntura, será que la nueva gestión, como es lógico suponer, en el manejo del aparato y gestión pública, experimentará un gran tropezón y en los escasos 8 meses que queda para un nuevo gobierno, la inversión pública sufrirá un fuerte retraso, y se prevé asimismo serios problemas en lo relacionado a la devolución de los fondos de las AFP y ONP; así como a posible intromisión en la SUNEDU, ante la presión de los inversionistas en aquellas universidades cuyas licencias fueron canceladas, cortándose los negociados en la educación superior.
Lo paradójico e incomprensible en nuestra realidad, se expresa en que el presidente defenestrado salga con una alta aceptación de la opinión pública a que culminará su mandato y luego siga siendo juzgado y quien ingresa, por una supuesta formalidad constitucional, lo haga en un clima de oposición y descontento de grandes sectores ciudadanos.
- Hugo REYNA GOICOCHEA
