En el 2019 se registraron 1300 mujeres víctimas de la trata en el Perú. Existe una gran tolerancia social y cultural que genera altos índices de impunidad de esta vulneración a los derechos humanos.
Un delito contra la dignidad humana
La trata de personas es el conjunto de acciones que degrada a los seres humanos a la condición de objetos, negociándolos en cadenas mercantiles (Rivera, 2009). Este delito vulnera la libertad y dignidad de las personas a quienes se les capta, transporta, traslada, acoge y retiene por medio de amenazas, falsas promesas, coacción, abuso de poder o violencia de cualquier tipo con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, servidumbre, trabajos forzosos, tráfico de órganos, venta de niños, niñas y adolescentes o cualquier forma análoga de explotación.
La ONU refiere que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, incluyendo la trata para la explotación laboral y sexual. Así mismo, la Coordinadora Internacional de Derechos Humanos (CIDH) indica que en América Latina y el Caribe las mujeres representan el 78% de víctimas de este delito.
Las víctimas de trata tienen derecho a asistencia legal, psicológica y social gratuita desde el momento de la denuncia o cuando son rescatadas en algún operativo realizado por el Ministerio Público; estas acciones deben garantizar que no se las re victimice. Es fundamental priorizar el bienestar de la víctima entendiendo que todas las personas tienen diversas formas de reaccionar frente a esto y que no existe “la victima ideal”.
Por otro lado, a pesar que se han logrado avances legislativos que permiten identificar y sancionar a las personas relacionadas con este delito en sus distintas modalidades, no se han obtenido los resultados esperados. Durante los últimos 5 años aproximadamente 5000 personas fueron víctimas de trata en el Perú. De 2012 a 2018, el Poder Judicial registró 246 sentencias condenatorias por delito de trata de personas. En Cajamarca durante el 2018 solo se registró un caso de sentencia por delito de trata. Las cifras demuestran que aún no existe un enfoque centrado en verificar la gravedad del ilícito y la imposición de una sanción acorde con el daño causado a la víctima.
Cuestión de género
Los informes a nivel mundial demuestran que la gran mayoría de víctimas de trata son mujeres y niñas considerándose este delito como parte de la problemática de género.
En el Perú, las formas de trata de personas con mayor incidencia son la explotación sexual y laboral. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señala que 6 de cada 10 víctimas de trata son menores de edad y 8 de cada 10 son mujeres. Estas alarmantes cifras demuestran que las mujeres continúan siendo las más afectadas.
El “VI Informe de Balance de la Sociedad Civil sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2017- 2018” elaborado por la ONG CHS Alternativo, afirma que en la región Cajamarca en 2017 el Ministerio Público recibió 8 denuncias por trata de personas y la PNP registró 10 denuncias siendo las ofertas falsas de trabajo la modalidad más empleada por las personas tratantes.
En 2018, Cajamarca fue uno de los distritos fiscales con mayor incremento de denuncias por el delito de trata además, según datos del INEI entre enero y mayo de 2019 se registraron 5 denuncias por el delito de trata. Así, debido a su ubicación geográfica esta región era considerada como punto de paso de las víctimas de origen amazónico (San Martín, Amazonas, Loreto) hacia la costa norte del país. Sin embargo, las últimas investigaciones refieren que esta región se ha convertido en zona de origen debido a la captación de víctimas siendo las provincias de Jaén y Cajamarca lugares donde se presentan estos delitos en los bares clandestinos y locales nocturnos en los cuales se han encontrado mujeres en situación de explotación sexual.
A su vez, el Sistema Oficial de Registro de Casos de Trata de Personas y Afines de la Policía Nacional del Perú (RETA-PNP) indica que entre el período de 2007 a 2019 se registraron 91 denuncias por este delito en Cajamarca.
Factores de riesgo
En esta práctica delictiva confluyen diversos factores de riesgo como pobreza, inequidad, falta de oportunidades, desigualdades de género, políticas migratorias restrictivas, baja escolaridad, analfabetismo, crisis familiares, abandono, carencia de documentos de identidad, mano de obra barata, entre otros. Las víctimas de trata son mantenidas en una situación de esclavitud a través del miedo, la intimidación, el abuso y el control psicológico que ejerce la persona tratante.
Gianina Calderón, psicóloga de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos de Cajamarca (UDAVIT) explica que en muchos casos las mujeres víctimas establecen una relación amorosa con el tratante basada en el control y poder, esta situación no les permite reconocerse como víctimas de este delito. Además, muchas de ellas no tienen un soporte familiar ni económico; situación que es aprovechada por el tratante para explotarlas y hacerles creer que les están ofreciendo mejores oportunidades no sólo económicas sino también afectivas.
Las condiciones de vida a las cuales son sometidas las mujeres víctimas de trata tienen graves consecuencias físicas, psicológicas y de salud en general. El trauma resultante es rara vez tratado aumentando el riesgo de ser traficada otra vez.
Mujeres migrantes son las más vulnerables
El director Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes –PNP, Miguel Ángel Valdivia, informó que durante el 2019 se realizó a nivel nacional 161 operativos rescatando a 1054 víctimas de las cuales 907 eran mujeres y 147 hombres, de estas personas 454 fueron extranjeras. También indicó que en lo que va del año se han liberado a 437 víctimas de trata.
De acuerdo a esta información, el Movimiento Ramón Castilla indica que las víctimas extranjeras rescatadas fueron en su mayoría de nacionalidad venezolana (65), ecuatorianas (4) y dominicanas (2) de las cuales 8 son menores de edad.
Las redes de trata se aprovechan del mayor nivel de vulnerabilidad que afecta a la población migrante que no consigue un empleo y por tanto no puede cubrir sus necesidades básicas. Muchas de ellas son captadas en situación de calle. De esta manera, el delito de la trata de personas está íntimamente relacionado con el fenómeno migratorio, potencializado en América Latina a partir de la crisis política de Venezuela. Oscar Calero de Plan Internacional Perú señala que: “El proceso de trabajo de estas redes comienza con la captación, traslado y retención de las víctimas; luego, inicia la manipulación con los papeles de migración, maltratos y secuestros”.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) atribuye que la condición de vulnerabilidad de una persona migrante se ve acrecentada en situaciones de crisis y emergencias debido a que no se las incluye en los planes de respuesta además de que en muchos casos carecen de conocimiento sobre el acceso a asistencia humanitaria, apoyos especializados, casas de acogida y canales de denuncia. Por tanto, es necesario que se conozcan las necesidades actuales de las mujeres migrantes víctimas de trata y proporcionarles redes de apoyo que les brinden seguridad durante y después de la crisis.
Acciones en situación de emergencia
El aislamiento social debido al COVID –19 está invisibilizando este delito y dificulta la identificación de casos. El aumento del reclutamiento de personas por Internet es mayor debido a que existen más gente conectada a las redes; este contexto conlleva al reclutamiento con fines de trata en explotación sexual a través de la pornografía y otras formas que afectan principalmente a niñas y mujeres adolescentes.
A nivel nacional existen 25 espacios relacionados a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, además han sido aprobado 23 planes regionales; en Cajamarca se está elaborando este plan a través del “Eje Regional Contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Mesa de Gestión Migratoria” integrado por diversas autoridades, instituciones y sociedad civil. Para reducir la incidencia de casos de trata de personas es necesaria la participación efectiva de los y las integrantes de los espacios regionales enfocados en hacer frente a esta problemática, fortalecimiento de capacitaciones y reforzar las acciones de coordinación, para ello se necesitan mecanismos que generen presupuestos desde los gobiernos regionales. Solamente, La Libertad, Pasco y Ayacucho tienen asignado un presupuesto para la trata de personas.
En este contexto de pandemia los diversos espacios dirigidos a hacerle frente a esta problemática se están enfocando en el tema de prevención a través de capacitaciones virtuales a actores claves y en la elaboración de material audiovisual informativo dirigido al público en general. Así mismo, es esencial desarrollar programas teniendo en cuenta los aspectos territoriales, culturales y sociales más allá de lo informativo que permitan la sensibilización de la población y esto les genere una actitud de alerta y denuncia de situaciones que podrían configurar la trata de personas.
Una deuda pendiente
Desde los gobiernos aún quedan pendientes muchas acciones que garanticen a las mujeres víctimas de trata la seguridad, protección, auxilio y reparación del daño que les permita continuar con un proyecto de vida digno y libre de violencia. Es necesario fortalecer los marcos legales, así como los procedimientos de investigación, búsqueda y sanción para localizar y proteger de manera inmediata a las posibles víctimas como podría ser el caso de alguna de las 915 mujeres desaparecidas durante la cuarentena, cabe la posibilidad de que muchas de ellas sean víctimas de las redes de trata. De ello podemos incidir en la urgencia de la actualización y publicación de bases de datos que permitan generar estadísticas para la elaboración de diagnósticos y políticas públicas desde un enfoque de género que permita garantizar la seguridad y el acceso a sus derechos a niñas y adolescentes entendiendo que esta problemática las afecta de manera diferenciada.
Además, es necesario recalcar la importancia de contar con espacios de acogida que en Cajamarca a pesar de los compromisos y promesas asumidas por muchas autoridades sigue siendo uno de los temas pendientes el contar con un albergue para mujeres víctimas de violencia y de trata, lo cual les permitirá no solo tener un lugar seguro en el cual permanecer sino también acceder a programas de recuperación e integración y darles voz en espacios de participación derribando los mitos que existen en torno a esta problemática.
- Mónica Pérez Gutiérrez
